Aprobada la nueva Ley del Voluntariado

El Congreso de los Diputados ha aprobado la nueva Ley del Voluntariado y la Ley del Tercer Sector de Acción Social, dos instrumentos que servirán de refuerzo a un sector clave para el desarrollo social del país, la defensa de los derechos fundamentales y la lucha contra la pobreza y la exclusión.

La aprobación de las dos normas, que responde a una antigua demanda de las organizaciones sociales, apoyará la labor diaria de una sociedad civil organizada que representa actualmente a más de 30.000 organizaciones no lucrativas y a unos 5 millones de personas voluntarias. Más allá de las distintas coyunturas históricas, políticas o socioeconómicas, el sector contará a partir de ahora con un marco estable que reconoce su labor activa en favor del desarrollo del Estado.

Esta nueva Ley del Voluntariado promete dar respuesta a las actuales necesidades que plantea el sector y en su elaboración han participado la mayor parte de las organizaciones sociales de este país. La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado fue una de estas entidades que abrió un periodo de reflexión y propuestas entre sus 75 entidades y envió sus conclusiones a través de la Plataforma de Voluntariado de España. De la nueva norma cabe destacar su definición concreta del voluntariado, el papel que deben ocupar las empresas, universidades y administraciones públicas en el marco de la acción voluntaria o  la existencia de hasta 9 ámbitos de voluntariado,  además del social.

Por su parte, la Ley del Tercer Sector de Acción Social es la primera norma hecha por y para el sector, y entre otras cuestiones, impulsa la regulación por vía reglamentaria del Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social, y la Comisión de Diálogo Civil, órganos que estarán adscritos a la Administración General del Estado a través del Ministerio competente en asuntos sociales, y que supondrán el espacio de diálogo, asesoramiento y trabajo conjunto de las organizaciones de acción social y de la Plataforma del Tercer Sector con el Gobierno para la legislación en materia social.

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