Las organizaciones más representativas del ámbito de la intervención social que conforman la Plataforma del Tercer Sector Social en Aragón son: Cruz Roja, Cáritas, ONCE, CERMI, la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado y la Plataforma, junto con la Red Aragonesa de lucha contra la pobreza y la exclusión social, COAPEMA (Consejo Aragonés de Personas Mayores) y la FAS (Federación Aragonesa de Solidaridad). Todas ellas agrupan al 90% de las entidades más representativas del tejido social de atención a personas de la comunidad aragonesa.
Ayer día 6 de abril, se realizó el primer SEMINARIO ABIERTO SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL DEL TERCER SECTOR EN LA GESTION DE LOS FONDOS EUROPEOS.
El evento ha contado con la participación del Gobierno de Aragón a través del comisionado para la Agenda 2030, Fermín Serrano que ha explicado el mecanismo por el que pueden llevarse a cabo profundos cambios sociales en los próximos años. Esta oportunidad ha sido muy apreciada por las entidades que han solicitado reforzar la colaboración con el ejecutivo y sobre todo, que se siga apostando porque en la comunidad autónoma se tengan referentes tan importantes de calado innovador a nivel estatal como la Ley de Concertación Social o algunos aspectos sociales importantes de la Ley de Simplificación Administrativa para la Gestión de dichos fondos. La colaboración entre las Entidades Sociales y la Administración debe ser reconocida y potenciada a través de instrumentos esenciales. De igual modo que las empresas u otros agentes disponen de espacios específicos de participación, defienden la necesidad de potenciar los instrumentos que así lo hacen.
Ha contado también con la participación del Presidente de la Plataforma del Tercer Sector Social de Valencia Luís Vañó, que ha alabado algunas iniciativas llevadas a cabo en esta comunidad en los últimos años y ha instado a que se refuerce esa colaboración con la administración para reconocer la singularidad del tejido social. Ha puesto de referencia la singularidad de que Aragón fue la primera comunidad en reconocer que las entidades sociales son las garantes de una gestión social comprometida y orientada a la sostenibilidad y no al lucro de servicios para personas con especiales dificultades como las que viven en residencias o las que son atendidas en servicios de atención a la discapacidad. Efecto que recientemente ha recogido el ejecutivo de la Comunidad Valenciana con su Ley de Servicios Sociales Inclusivos. Especialmente ha hecho hincapié en aspectos a trabajar como la transversalidad y la acción integral porque lo que afecta a las personas más vulnerables afecta a toda la sociedad. No debería unirse nunca quien persigue el lucro en sus acciones con aquellas intervenciones esenciales ejercidas en aras a la atención de los colectivos más vulnerables.
El seminario se ha cerrado con la participación del presidente de la Plataforma del Tercer Sector Social de España, Luciano Poyato. En ese momento, se ha aprovechado la oportunidad para hablar de la necesaria coordinación entre el tejido social, la Administración Autonómica y la Administración Central. Sintonizar estos procesos son los que pueden hacer más fácil el gran reto al que nos enfrentamos de transformar socialmente nuestro país para que haga frente a los desafíos medioambientales, de digitalización, de lucha contra la pobreza o de reducción de la desigualdad social.
Esto no puede segregarse de la gestión socio – política que se ha podido ejercer con responsabilidad con el territorio, apoyados en un tejido social responsable. El reto es seguir apostando porque esta línea se refuerce ahora más que nunca dado el alcance de los desafíos y que se aumente, dentro de las figuras que ya existen, una economía social sostenible orientada al compromiso y no al lucro.
