La Administración Aragonesa explica las modificaciones de la Ley de Dependencia

El miércoles 17 de octubre, en un abarrotado salón de actos del Centro Joaquín Roncal (más de 160 asistentes), Cristina Gavín, Directora General de Bienestar Social y Dependencia de la DGA, Susana Barriga, Jefa del Servicio de Atención a la Dependencia, Trinidad García, Jefa de sección de Grado de la Dependencia y Jesús Marta, Valorador, explicaron el contexto, motivación e implicaciones de los cambios introducidos en la Ley de Dependencia regulados en el Decreto‐ley 20/2012 de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

La Charla, organizada por FEAPS Aragón, fue introducida por su presidente, Santiago Villanueva, quien detalló las modificaciones más significativas en la Ley, recordando que «ahora, deben ser las Comunidades Autónomas las que desarrollen toda la normativa», y mostrando su preocupación por la aplicación de las mismas en relación al colectivo de personas con discapacidad intelectual.

Los porqués, vinieron de la mano de Cristina Gavín. Tras realizar una evaluación de la Ley, se han detectado grandes «desigualdades en su aplicación entre las distintas Comunidades Autónomas».

Además, «las estimaciones previstas en el Libro Blanco de la dependencia» no se han ajustado a la realidad de cada territorio. En cuanto a las ayudas, si la Ley priorizaba la prestación de servicios, la tendencia general ha sido la de favorecer las econonómicas, que por otro lado «no han generado el empleo esperado». «Corregir desigualdades, evitar duplicidades y optimizar recursos», resumió.

Continuó Gavín, desgranando una a una las medidas adoptadas en esta reforma legislativa: la rebaja en un 15% las prestaciones económicas a los cuidadores familiares (se deja libertad a las comunidades autónomas para que aumenten esa reducción hasta el 85%); los cuidadores familiares no profesionales pierden las cotizaciones a la Seguridad Social que pagaba por ellas el Gobierno (en Aragón solo el 21% de los cuidadores están dados de alta); se amplía el plazo para que las comunidades atiendan a sus dependientes sin generar retroactividad (de seis meses actuales a dos años); se pospone a 2015 la incorporación de nuevos usuarios de Grado 1; se establece el copago que podrá ser hasta del 90% del precio del servicio que esté recibiendo, variando la aportación en función de las rentas, del patrimonio y de las particularidades de cada individuo.

Finalizó haciendo especial hincapié en la priorización de la prestación de servicios profesionales («tenemos muchos cuidadores dependientes que atienden a grandes dependientes»). En este sentido, adelantó que se está «desarrollando la normativa de los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia», los dos únicos contemplados en la Ley con los que no cuenta nuestra Comunidad Autónoma.

Respecto a las valoraciones, los asistentes manifestaron no entender cómo hay personas con discapacidad intelectual declaradas como no dependientes, siendo ésta una de las reivindicaciones habituales de FEAPS Aragón frente a la Administración.

Ponentes y público estiraron la charla hasta casi las 21:00, valorando muy positivamente su relización, emplazándose desde la Administración Aragonesa a repetir esta experiencia tantas veces como sea necesario.

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