El Consejo de la Juventud de Aragón (CJA), entidad de derecho público que agrupa a más de 40 asociaciones juveniles de la comunidad y que tiene reconocido por Ley su papel de interlocución entre la juventud aragonesa y las instituciones autonómicas, ha expresado su más absoluta decepción ante el Anteproyecto de Ley de Presupuestos para la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2013, en el que recibe una asignación económica de 2.500 euros, insuficiente para mantener su estructura, actividades y labor de representación consignada por Ley. Esta reducción presupuestaria obligaría, además, al despido de dos trabajadoras que engrosarían las ya abultadas listas del paro de la Comunidad.
Si el Presupuesto para 2012, de 70.000 euros, ya supuso un recorte que apenas garantizaba el mantenimiento de la estructura mínima de funcionamiento del Consejo e imposibilitaba la realización de actividades, el nuevo Presupuesto previsto para el CJA en 2013 aboca al Consejo a echar el cierre. El CJA considera que esta drástica reducción en su presupuesto nada tiene que ver con el contexto de crisis económica y recortes, sino que se trata un acto intencionado cuya voluntad es el cierre de del Consejo. Esta tesis se sostiene si comparamos la reducción que ha sufrido en su globalidad el Instituto Aragonés de la Juventud (18%) con el recorte establecido para el Consejo de la Juventud (96,6%), En palabras de Héctor Saz, Presidente de la entidad, “esta realidad nos hace pensar que si no es una mala broma, se están riendo de nosotras y nosotros y de toda la juventud aragonesa”. Y apostilló que “sólo se puede entender como un castigo a la independencia de nuestra entidad frente a la línea política del Gobierno autonómico”.
El Consejo, que se reunió hace dos meses con la Presidenta de la Comunidad, Luisa Fernanda Rudi, arrancó entonces su compromiso para mediar por la continuidad de su asignación presupuestaria A este respecto, Saz, ha declarado que “así como en su día nos mostramos optimistas ante la intermediación de Rudi, hoy tenemos que mostrar nuestro más absoluto enfado, ya que creemos que, en calidad de Presidenta de este Gobierno, es la responsable última del fin del Consejo tal como lo conocemos, y lo que es más indignante, de las iniciativas que desde él se desarrollan en defensa de la participación y del asociacionismo juvenil aragonés, que inciden en la construcción de la sociedad civil de Aragón”.
Entre otras actividades, el CJA ha editado durante los últimos años varios estudios sobre la situación de la juventud en materia de vivienda y empleo; ha desarrollado numerosas mesas de trabajo, proyectos de acercamiento de la juventud aragonesa a la Administración en diversas comarcas del territorio y que no podrá con el nuevo Presupuesto extenderse a aquellas en las que todavía no se ha realizado; campañas de salud pública y mediación; interlocución en el proceso de modernización de las cualificaciones profesionales de monitor y director de tiempo libre e informador juvenil; actividades de reflexión y sensibilización sobre la diversidad y defensa de la cultura aragonesa; así como su inherente labor de representación ante los organismos análogos estatales como el Consejo de la Juventud de España, de interlocución y dinamización de la juventud y de asesoramiento a las entidades juveniles aragonesas.
Por todo ello, el Consejo exige, en nombre de toda la juventud aragonesa y con la legitimidad que les otorga la Ley de creación del Consejo, aprobada por las Cortes de Aragón, que se garantice su continuidad mediante la modificación de la partida presupuestaria que se refleja en el Anteproyecto. De no ser así, no descarta tomar todas aquellas medidas que estén a su alcance para garantizar la continuidad del Consejo, incluida la movilización y la solicitud de responsabilidades políticas al máximo nivel, así como amparo judicial para garantizar la dotación presupuestaria que permita seguir luchando por los fines de participación y asociacionismo juvenil que figuran en la Ley de Creación del Consejo y en los artículos 48 de la Constitución Española y 71.38 del Estatuto de Autonomía de Aragón, que reconocen que “los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural”.
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